Andalucía, 11 de febrero de 2011
A primera hora de la tarde del miércoles 10 de febrero de 2021, el Comité de Dirección General de la Asociación de Direcciones Escolares Públicas de Andalucía, Dires Andalucía, se reunía para entre otras, analizar el posible impacto que el texto del Decreto Ley 2/2021 de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en BOJA el pasado día 5 de febrero.
En palabras del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía y Portavoz de la Junta, Elías Bendodo, “La Consejería de Educación y Deporte ha realizado los cambios imprescindibles obligados por el cambio en la normativa estatal”.
Al respecto esta Asociación profesional andaluza, mantiene tras el estudio del texto, que adopta una línea continuista con el anterior Decreto, utilizando una tergiversación ideológica y juego de palabras envenenado vuelve a introducir la mal llamada “demanda social”.
Queremos recordar a la Consejería de Educación y Deporte que dirige el Sr. Francisco Javier Imbroda, que el anterior Decreto de Escolarización publicado en 2020, provocó la mayor y más unánime huelga en el plano de la Educación de los últimos años. La modificación normativa, vuelve a colocar a la Educación Pública, como un sector subsidiario del modelo de privatización de la enseñanza, denostando lo principios que la sustentan y que hacen posible una educación que atiende a aproximadamente un millón y medio de alumnos/as de diversas enseñanzas del territorio andaluz. Asimismo, este cambio que el actual ejecutivo utiliza como
pretexto, argumentado la adaptación a la reciente entrada paulatina de los cambios de la LOMLOE, utiliza esta fórmula para precisamente, evadir los preceptos y principios en los que se basa la recién aprobada norma estatal y para remarcar con mayúsculas, lo que ya decía el anterior Decreto.
Y es que, si por algo se caracteriza la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, es por la supresión en el texto básico del concepto de “demanda social” que introdujo la popularmente llama Ley Wert (LOMCE) y que generó un retroceso en la Educación Pública sin precedentes del que ahora, pagamos los platos rotos.
Desde la Direcciones de Centros Educativos, no podemos entender que aquellos que toman decisiones que afectan a los intereses generales, se tomen a espaldas de la Comunidad Educativa. Y recordamos, que la celeridad empleada y el rango normativo adoptado, es la fórmula más antidemocrática de las que dispone el ejecutivo andaluz para adoptar decisiones.
Cierto es, que una vez más, se implementan normas aceleradas en un intento de evasiva y no modificación de una hoja de ruta, que por parte de la Consejería de Educación y Deporte vuelve a poner en “jaque mate” a un modelo educativo verdaderamente inclusivo.
Consideramos que el nuevo Decreto Ley, lejos de mantener los supuestos principios fundamentales que sustentan la normativa andaluza en materia de admisión del alumnado y garantizar de una oferta suficiente de plazas en el Sistema Educativo Público andaluz, genera brecha y desigualdad entre nuestro alumnado y sus familias.
Es por ello, que la Asociación trabaja en estos momentos sobre un estudio, que trasladará al Ministerio de Educación y Formación Profesional con la finalidad de paralizar, lo que entendemos con un retroceso y vulneración de la legislación española en materia de educación.
Asimismo, Dires Andalucía llama a todos los colectivos, entes que trabajan para mejorar la Educación Púbica, grupos políticos y sindicatos, así como a las organizaciones de madres y padres a adoptar una postura común que pase por una “férrea” defensa del modelo educativo público, que puede presumir de los mejores Proyectos Educativos contrastados, del más cualificado personal docente y que garantiza realmente, los principios de universalidad, equidad, pluralismo e inclusión, que tiene como base.
LA EJECUTIVA GENERAL
